A través de un decreto, creó una sociedad anónima en la que asume funciones de Vialidad y abre la puerta a los acreedores privados para su utilización.

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El Gobierno nacional avanza  poco a poco en la privatización del Estado, ahora creó una sociedad anónima que irá reemplazando en funciones a la Dirección de Vialidad Nacional. El mecanismo  es el mismo que si hizo con otros organismos, como el PAMI.

En el Boletín Oficial se publicó este miércoles el decreto 794  que es del Ministerio de Transporte, donde se crea la empresa “Corredores Viales S.A.”. La misma tendrá la función de la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con el cobro de peaje que se le confiera”.

La misma entrara al mercado con un capital accionario conformado por el 51% del Ministerio de Transporte y el 49% de Vialidad Nacional. Sin embargo, esto no es definitivo ya que la creación de la S.A. abre la puerta a la incorporación de socios privados que ganen espacio en esta empresa y así poder “invertir” supuestamente para que la S.A obtenga sus ganancias respectivas. Esto a través de la creación de la sociedad, no se harán licitaciones a futuro, por lo que corre en manos de los privados el 49% de todas las obras viales.

Pese a tener un discurso a favor de la transparencia, la iniciativa provoca que esta nueva sociedad quede fuera de los controles obligatorios para cualquier ente estatal y así prestaría a los negociados por atrás, como toda privatización trae.

Según el boletín oficial se dice que “”No resultan aplicables a “CORREDORES VIALES S.A.”, las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, establecido por el Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias”

Esto implica que, por ejemplo, al no basarse en el decreto 1.023, podrán realizar contrataciones directas para proveedores y realización de obras en lugar de someterse a licitaciones como debería si fuera un organismo estatal.

Un caso similar fue lo que ocurrió con el PAMI, que creó una fundación para administrar ciertos sanatorios y servicios que hoy son del PAMI. Al ser un organismo privado, la fundación deja de tener obligaciones vinculadas a los controles y transparencia que la obra social para jubilados hoy posee.

Al igual  con el mecanismo utilizado en el caso de ARSAT, al que quisieron presentar como una sociedad y el ARSAT transfería la construcción y explotación del ARSAT 3 a una empresa de la cual no podía tener más del 49% y cuyo socio controlador era la estadounidense Hughes.

El decreto 794 del ministerio de transporte

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