Un fiscal laboral ya dictaminó que es inconstitucional. Existen otras presentaciones contra la polémica medida que bajó resarcimientos sin pasar por el Congreso.

El DNU de Mauricio Macri que rebaja las indemnizaciones por invalidez y muerte en el trabajo comienza a estar cada vez más cercado en el terreno judicial, con diversas presentaciones que cuestionan su constitucionalidad y ponen en jaque su eventual aplicación.

Recientemente, el fiscal subrogante ante el juzgado número 3 del fuero laboral, Gabriel De Vedia, dictaminó a favor de una presentación realizada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y pidió que se declare inconstitucional la medida, que modifica el índice de actualización de la indemnización, al pasar de la tasa de interés activa del Banco Nación por el índice de variación de salarios, RIPTE.

En declaraciones al canal C5N, De Vedia explicó que propuso “dejar sin efecto el decreto”, evaluó que “la medida cautelar procede” y consideró que la norma es “inconstitucional”. Ahora, deberá ser el juez Gerardo Magno quien evalúe la procedencia del dictamen y pueda frenar, aunque sea cautelarmente, su aplicación.

Pero este no es el único frente judicial que afronta la medida de Macri. El abogado Juan Pablo Godoy Vélez, del Encuentro de Abogados Independientes, presentó un recurso de amparo “por resultar repugnante a la Constitución” contra el DNU 669/19. El letrado recuerda que esta medida, que implica un ajuste a la baja en los resarcimientos, viola “la obligación de progresividad en materia de derechos sociales que ha sido incorporada a nuestro ordenamiento constitucional”.

“Nos encontramos ante un decreto que no obedece a ninguna urgencia real, sino a la conducta gubernamental de protección de los intereses de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, las que, ante la existencia de tasas de interés elevadas, ven que sus ganancias merman, ya que no todos los accidentes llegan a juicio y por ende no en todos los casos se aplicaría el cálculo VMIB”, destaca el pedido. La presentación reclama que además se imponga una medida cautelar para suspender de forma precautoria la aplicación del DNU, que se tratará en el juzgado laboral número 5.

Además, el el abogado y juez arbitral Daniel Igolnikov realizó una presentación en el mismo sentido para frenar al decreto. Allí, cuestionó que el Ejecutivo eluda la discusión en el Congreso y que “invoca una razón de urgencia” pero aplica la retroactividad, entre otros motivos para pedir la suspensión. Así, son al menos 3 las presentaciones judiciales que podrían frenar la norma.

En paralelo, el senador neuquino Guillermo Pereyra presentó en el Congreso un proyecto de ley para derogar al 669, que debe ser refrendado por al menos una de las dos cámaras del Congreso para convertirse en ley pero mientras tanto se aplica.