La Suprema Corte dejó sin efecto las medidas dispuestas por Casación Penal.

Después de la polémica y los cacerolazos contra la liberación de presos, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires suspendió la acordada del Tribunal de Casación Penal que habilitaba la prisión domiciliaria para los detenidos que integran grupos de riesgo.

El máximo tribunal bonaerense declaró admisible el recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Altuve para que se revoque el hábeas corpus colectivo que habilita la prisión domiciliaria, por lo tanto suspendió esa medida hasta que haya sentencia de fondo. Desde la Suprema Corte indicaron que buscarán acelerar los plazos para llegar a esa sentencia.

En concreto implica que se deja sin efecto el trámite de aquellos pedidos de prisión domiciliaria o excarcelaciones que se hayan solicitado a diferente jueces en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta la polémica resolución del juez Víctor Violini.

En su presentación, Altuve consideró que la resolución de Casación configura un supuesto “de extrema gravedad institucional por las consecuencias directas que de él se derivan, pues pone en crisis la buena marcha de las instituciones al poner en jaque al sistema jurídico penal todo y afecta el orden público, ello en virtud de la incertidumbre que genera el fallo cuestionado respecto de la implementación de las medidas dispuestas”.

Para el fiscal, “se vulneró la garantía del juez natural que debe conocer en la situación de privación de libertad de las personas que se encuentren a su disposición, otorgando el arresto domiciliario a un numero indeterminado de personas”.

El fallo se conoció poco después de una conferencia de prensa del gobernador Axel Kicillof en la que buscó despegarse de las liberaciones y le pidió a la Suprema Corte que “ponga orden”. “La decisión de otorgar una prisión domiciliaria es del Poder Judicial y no del Ejecutivo”, dijo y agregó que “no sólo no promueve, sino que no está de acuerdo” con la liberación de presos que cometieron delitos de gravedad.

Al respecto señaló que espera que “esas situaciones que generaron miedo en la población se reviertan”. “Eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial. Tengo fe que la Suprema Corte de Justicia, con buen criterio, ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer”, dijo en una conferencia que brindó junto a sus ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni.

Kicillof también buscó descargar la responsabilidad en la gestión de María Eugenia Vidal al recordar que en 2018.”quería dar domiciliaria a 1.500 presos porque no había lugar en las cárceles”. “El entonces ministro de Justicia (Gustavo) Ferrari le recomendó eso a la Justicia. Si quieren encontrar un Poder Ejecutivo tomando esa decisión, busquen en el gobierno anterior, no en este”, apuntó.

El gobernador también cuestionó la Resolución 158 dictada por el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, “a través de la cual instruyó a los defensores -que dependen de él- a impulsar prisiones domiciliarias para la población de riesgo”.

Tras recordar que fue designado por Vidal, Kicillof agregó que Conte Grand “omitió señalar que las domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometidos delitos graves” y recordó que, cuando se le consultó al Ministerio de Justicia al respecto, “dejó en claro que no puede darse ese beneficio a quienes hayan cometido delitos graves”.

En la misma línea se expresó este martes Cristina Kirchner al compartir en las redes sociales un video que cuestiona el estado de las cárceles que dejó el macrismo.

Fuente: La política Online