El plan presentado a Alberto Fernández por el dirigente Juan Grabois, el líder de la CTEP, plantea seis objetivos, un mecanismo de financiamiento, un método y un estudio sobre el impacto económico de la aplicación.

Los primeros días de mayo, en Olivos, Grabois le presento su plan al presidente, donde le plantea una serie de objetivos para el país que aparecerá después de la pandemia: crear cuatro millones de puestos de trabajo, fundar pequeños pueblos, llevar a cabo la integración urbana de barrios populares, crear nuevos barrios, entregar tierras a las comunidades agrarias y cuidar el medio ambiente promoviendo la utilización de energías renovables.

La inversión inicial sería de $750.000 millones anuales y el financiamiento sería generado con lo que se ahorre del pago de la deuda que el gobierno nacional está renegociando. Una alternativa diferente para financiar este plan, sería el incremento de impuestos y aportes de carácter progresivo. La proyección marca un plan de acción de cuatro años.

También, plantea unir todos los programas sociales nacionales y una distribución coordinada de los roles de cada organización social. También impulsa la conformación de un fondo fiduciario llamado “Fondo Mugica” y la implementación de consorcios de cogestión.

En el texto subraya aspectos positivos para poner en marcha y coordinar el plan. Entre ellos menciona que hay “capacidad organizativa para ejecutarlo” y existen “enormes reservas de organización comunitaria, movimientos sociales, iglesias, voluntarios, universidades, sindicatos, organismos públicos y militancia” para distribuir tareas y llevarlas a cabo el proyecto.

Además, señala la necesidad de tener un presupuesto, un fideicomiso, una autoridad que centralice las áreas que están involucradas en el plan, el acceso a tierras nacionales de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la provincia y los municipios; bancarización, sindicalización y ampliación de derechos para los cuatro millones de trabajadores; digitalización y coordinación de áreas involucradas; coordinación con la Escribanía General de la Nación y las de las provincias para regularizaciones dominiales y escrituras; y mecanismos de transparencia que permitan dejar en claro el manejo de los fondos que se está realizando.

El “Fondo Mugica” serviría para el desarrollo de 4.000 “módulos de trabajo comunitario” dividido en cuatro áreas diferentes: economía social, integración urbana, agricultura familiar y organismos. La ANSES inscribiría a los trabajadores y liquidaría los pagos mensuales contra el certificado de trabajo que emitiría el Consorcio de Co-Gestión Comunitaria. Ese consorcio estaría integrado por movimientos sociales, iglesias, municipios, sindicatos y otras entidades.

También, destaca que el alcance social son 4 millones de trabajadores con salario social complementario y derechos laborales básicos con un salario social complementario de 10.000 pesos”. Además, agrega que la contraprestación se estipula “en 60 horas mensuales certificadas”. El alcance material sería de 4.000 obras concretas entre loteos, urbanizaciones, colonias agrícolas, viviendas, unidades productivas y servicios instalados.