Así lo reveló, el juez federal Alejo Ramos Padilla tiene pruebas concretas donde la ex SIDE hizo carpetas de inteligencia hacía partidos políticos, dirigentes opositores como también propios.

Las filtraciones que se dan a conocer del espionaje ilegal macrista no se detienen y cada día hay más pruebas. Este jueves se conoció que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al mando de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani montó bases en la provincia Buenos Aires para hacer espionaje político, sobre todo, en el marco de la campaña electoral de 2017.

Armaban operativos en actos de CFK, infiltraciones en movimientos sociales y tareas de inteligencia sobre el Frente de Izquierda y otras organizaciones políticas, sociales y gremiales. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, reveló todo este entramado a partir de profundizar en un legajo que involucraba a un alto directivo de la AFI en el D’Alessiogate.

De acuerdo a la investigación, la AFI macrista expandió de 3 a 9 sus bases de operaciones en la provincia de Buenos Aires y desde allí realizó monitoreos de las actividades de campaña electoral de los partidos políticos opositores, en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, con miras a las elecciones desarrolladas en el año 2017. Además también espió a dirigentes de la UCR.

En una resolución de 342 paginas, Ramos Padilla escribió que “se hallaron documentos e informes de inteligencia que dan cuenta de la utilización de las denominadas ‘BASES AMBA’ de la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante espionaje político. En efecto, de una simple lectura de los documentos relevados se desprende que, durante el año 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires”, agregó.

El jefe del proyecto AMBA –que funcionó de manera oficial entre abril y diciembre de 2017- fue Pablo Pinamonti, quien había sido indagado en el marco del D’Alessiogate. Al profundizar sobre su rol, Ramos Padilla solicitó información a la intervención de la agencia de inteligencia y se encontró con todo este entramado ilegal.

Ramos Padilla también resaltó que la “duración del Proyecto AMBA coincidió precisamente con aquel en que se desarrollaron la campaña electoral y las elecciones de medio término del año 2017”. Un dato que a la luz de los documentos que ahora se hicieron públicos no parece una coincidencia azarosa. Por ejemplo, “se destaca una serie de informes que comienzan en agosto de 2017, en las semanas previas a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y atraviesan toda la campaña, hasta las elecciones generales de octubre de ese año”.

“Teniendo en cuenta estos objetivos de reunión de información de interés político–electoral, no resulta casual que a la estructura histórica de la AFI en el territorio bonaerense (Bases La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca) se le sumaran hacia finales de 2016 y comienzos de 2017, las seis BASES AMBA, dispuestas estratégicamente a lo largo del territorio más densamente poblado del país y que representa el 38% de la masa electoral nacional”, consideró el juez. Esas bases se desplegaron por: Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. Esta última estuvo a cargo del imputado Ricardo Bogoliuk, procesado en el marco del D’Alessiogate. Era el jefe del espía ilegal Marcelo D’Alessio, quien también operaba por la zona de Ezeiza.

La excusa que entonces dio el macrismo fue que se instalaban para combatir delitos federales complejos como el narcotráfico. Lo mismo dijo Pinamonti en su indagatoria pero “se ha podido constatar que, como consecuencia de esas labores de inteligencia criminal puestas de resalto por Pinamonti, únicamente se formalizaron escasas causas penales en el Poder Judicial, las que en su mayoría no arribaron a resultados positivos y fueron archivadas y en las que, además, la Agencia Federal de Inteligencia realizó limitados aportes durante las investigaciones”.